La Defensora General de la Nación, Stella
Maris Martínez, abrió ayer el “Seminario sobre el acceso a la justicia
de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual para
garantizar el ejercicio del derecho al voto”
Durante
la apertura, la Dra. Martínez, junto a representantes de la Delegación
de la Unión Europea en Argentina y del Programa EUROsociAL II, presentó
el “Manual de buenas prácticas en el acceso a la justicia para
garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad
intelectual y psicosocial”. En su intervención la Defensora sostuvo que
“nos encontramos en una instancia de transformaciones estructurales, en
la cual las personas con discapacidad deben dejar de ser consideradas
receptores de actos de beneficencia u objeto de las decisiones de otros,
para pasar a ser consideradas titulares de derechos, capaces de tomar
decisiones y de requerir al Estado el cumplimiento de las obligaciones
pertinentes”.
La Defensora recordó los cambios
legislativos recientes que impulsan el reconocimiento efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad. Así, hizo mención a la
ratificación de la Convención Internacional sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad, la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental
N° 26.657 y la flamante reforma del Código Civil, que restringe la
posibilidad de declarar la incapacidad absoluta de una persona.
Sobre el derecho al voto, la Dra.
Martínez sostuvo que “la Convención sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad le impone al Estado argentino la obligación de asegurar que
las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente
en la vida política y pública en igualdad de condiciones”. Sin embargo,
subrayó que tanto el Código Nacional Electoral como las provincias y la
CABA mantienen la exclusión del padrón electoral a los “dementes
declarados tales en juicio” (artículo 3, inciso “a”) e inhabilita a las
personas con discapacidad psicosocial a ejercer el derecho al voto.
Asimismo, a las personas que se encuentran privadas de libertad en
instituciones psiquiátricas se les impide ejercer sus derechos
electorales.
La Defensora indicó que “estas
restricciones determinaron que el Comité de ONU recomendara al Estado
argentino que revise el código electoral y haga las modificaciones
necesarias a los estándares de la Convención”.
Para cerrar, subrayó que “los operadores
del sistema de justicia tenemos la capacidad de incidir
considerablemente en esta realidad, somos actores claves para promover
cambios radicales en el pleno reconocimiento de este derecho”.
Mañana, 12 de noviembre, la Defensora
General participará de la presentación del blog “Acceso a la justicia de
las personas con discapacidad” (PCD), herramienta de comunicación para
la promoción y la realización de sus derechos.
El Seminario incluye la realización de
conferencias, paneles y talleres en los que participan experto/as
nacionales e internacionales sobre acceso a la justicia y derecho al
voto de las PCD.
